Por: Jorge Fava
“Dura y amarga ha sido la experiencia pero
hemos
aprendido: lo que no hagamos por nosotros no lo
hará nadie, y estamos dispuestos a luchar por
recobrar nuestras tierras”.
Carta de la Comunidad de Monte
Líbano al
presidente
de México Miguel de la Madrid.
Municipio
de Ocosingo, Chiapas, 1983.
1.-
Introducción
El estado
de Chiapas, situado en el sureste mexicano, ocupa una superficie de 75.634,4
kilómetros cuadrados en la que se distribuyen 111 municipios, 16.400
localidades y una población, según el censo de 1990, de 3.200.000 habitantes,
de los cuales aproximadamente un millón son indígenas. El 60% del total de estos
pobladores viven en el campo. Económicamente, Chiapas es un estado rico en
petróleo, gas, energía eléctrica (el 55% de la energía nacional de origen
hidroeléctrico proviene de este estado), ganadería, agricultura, silvicultura,
café, miel, mango, caña de azúcar, algodón, etc. No obstante ello, un tercio de
las viviendas chiapanecas no tienen luz, la mitad no tiene agua potable, el 54% de los habitantes están desnutridos (en la región de los Altos y la Selva el porcentaje es aún mayor), el 90%
de la población rural tiene ingresos mínimos o no tiene ninguno y el analfabetismo alcanza al 30% del total de los residentes del estado y al
50% en las comunidades indias. Se calcula que en Chiapas mueren cada año
aproximadamente 14.500 personas de enfermedades curables, constituyéndose en el
índice de mortalidad más alto del país.[1]
En la estructura económica chiapaneca “los
pobres –dice el investigador Alejandro Guevara- están ligados generalmente a
las actividades productivas de bajo valor agregados como es el caso del sector
primario”.[2]
A dicho sector pertenecen mayoritariamente los 300 mil tzeltales, 120 mil
choles, 90 mil zoques, 300 mil tzotziles y 70 mil tojolabales, entre otras
etnias nativas del estado.[3]
En este contexto la cuestión de la tenencia de la tierra se torna crucial. De
acuerdo a los autores Luis Duhalde y Enrique Dratman (según datos de 1994), “en
Chiapas existen por lo menos 50.000 campesinos que demandan la entrega de
tierras y en el estado se concentra casi el 30% del rezago agrario nacional, lo
que significa, según estimaciones de la Confederación
Campesina , 112.000 expedientes. En este estado,
aproximadamente 6.000 familias detentan 2.856.000 hectáreas dedicas a la
ganadería, que representa casi la mitad de la superficie rural del estado, lo
que denota su poderío económico y político”.[4]
Esta situación de desequilibrio en la posesión de la tierra impulsó a
ejidatarios y comuneros a una lucha sin cuartel con el objeto de lograr una
distribución más justa de las mismas.
Abordamos aquí brevemente la evolución del
conflicto chiapaneco y el desarrollo de sus combativas organizaciones
campesino-indígenas independientes. Esta sucinta historia sobre la lucha por la
tierra en Chiapas está basada en el excelente libro del Profesor Thomas
Benjamin: “Chiapas: Tierra Rica, Pueblo Pobre”,[5]
cuya lectura recomendamos para una profunda comprensión del desarrollo
histórico-social del mencionado conflicto agrario en el sureste mexicano. Del
largo proceso chiapaneco (que Benjamin analiza de manera completa en su libro),
nos ocupamos aquí solo de los veintidós años que van de 1972 a 1993, con el
objeto de esclarecer los acontecimientos principales que llevaron a los
indígenas a la lucha autogestionaria por sus tierras, la que finalmente desembocó, luego de reiteradas frustraciones,
en la sublevación de enero de 1994.
Convencidos de que la solución a sus
reclamos de tierra no habrían de llegar a través de las organizaciones
sindicales nacionales y regionales oficiales, la Confederación
Nacional Campesina (CNC) y su brazo local, la Liga de Comunidades Agrarias
de Chiapas (LCACH), los campesinos comenzaron a organizarse de forma
independiente. La experiencia acumulada en las décadas anteriores puso en
evidencia la inoperancia interesada de estas organizaciones sindicales
agraristas y su connivencia con el poder y los terratenientes. Además, la
gestión de la Secretaría
de la Reforma Agraria
se mostró “indiferente y apática” ante
los pedidos de los ejidatarios y los campesinos indios, según lo han reconocido
las propias organizaciones sindicales campesinas oficialistas. Por su parte, el
estado, en esta etapa específica del conflicto, no supo (y en ocasiones no
quiso) dimensionar la complejidad de la situación en Chiapas y lograr tener así
un diagnóstico más acertado de lo que allí ocurría, para luego obrar en
consecuencia. “La asignación de recursos a Chiapas en los setenta –dice al
respecto Thomas Benjamin- fue escasa y tardía. En ese entonces se combinaban
muchos factores para crear una situación explosiva: sobrepoblación, erosión y
agotamiento del suelo, la perniciosa corrupción de las oficinas gubernamentales
que trabajan con los campesinos, aumento de precios y estancamiento de
salarios, una concentración creciente de tierras de cultivo, la expansión de
pastizales para la ganadería en tierras agrícolas y –lo peor de todo-
fraude, demora y pasmo en el proceso de reforma agraria”.[6]
Pero, como este mismo autor lo señala, la clave del activismo campesino en los
comienzos de 1970 fueron las solicitudes de tierras y la casi inexistente
respuesta a las mismas por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria , así como
también la manifiesta impotencia de la
CNC para gestionarlas con éxito.[7]
El Primer Congreso Indígena de Chiapas
realizado del 13 al 15 de octubre de 1974 y organizado por la diócesis de San
Cristóbal de las Casas, marca el inicio de la politización y organización
indígena. Allí se reunieron tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles en
representación de más de 300 comunidades, las que posteriormente darían lugar a
las organizaciones independientes de base en lucha por la tierra.
De resultas de este Congreso, surgen tres
movimientos populares e independientes en las regiones con mayor conflicto
etno-social de Chiapas: la Selva ,
Simojovel (al norte) y Venustiano Carranza (en el centro). En la Selva , el gobierno del
presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) otorgó en marzo de 1972 una gran
extensión de tierra (más de 600 mil hectáreas) a un grupo de 66 familias
lacandonas y a una compañía maderera. Disimulado tras un acto de reparación
histórica a los indígenas lacandones se pretendía esconder al verdadero
beneficiario de la amplia concesión de tierras y sus inmensas riquezas
forestales: la compañía maderera. Los 71 mil tzeltalez, tzotziles, choles y
tojolabales afectados por esta resolución presidencial, decididos a no
abandonar las tierras que ocupaban desde hacia mucho tiempo atrás y de las
cuales obtenían su sustento, fueron declarados “invasores” por el gobierno que
en 1975 envió al ejército para desalojarlos. En respuesta, los migrantes
tzeltales fundan en 1976 tres Uniones de Ejidos (UE) diferentes: Quiptic Ta
Lecubtesel (unidos por nuestra fuerza) en el valle de San Quintín,
Ocosingo, y las Uniones de Ejidos Tierra
y Libertad y Lucha Campesina en Las Margaritas; todas controladas por delegados
del Congreso Indígena. Las uniones de ejidos emprenden así una larga e
infructuosa lucha en defensa de sus derechos, la que da nacimiento en 1980 en
el ejido Bajucú a la organización Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos
Solidarios de Chiapas (UU), que reunía a aproximadamente 150 comunidades
indígenas repartidas en 11 municipios.
Logo Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). |
En el norte del estado, en los municipios
productores de café de Simojovel, El Bosque, Huitiupán y Sabanilla, el
activismo campesino-indígena concentró sus esfuerzos en la recuperación de la
tierra. Anteriores reformas agrarias (1934-1959) habían dado tierras a los
campesinos ejidatarios pero de muy baja productividad, cuestión a la que para
la década del ’70 se debió agregar la superpoblación de dichas tierras y el
consecuente problema del minifundismo, lo que obligó a los campesinos a
trabajar en las grandes fincas cafetaleras de la región como peones
“acasillados”. En 1975 y 1976, desmoralizados por los nulos resultados
obtenidos a través de las gestiones de la CNC , comenzaron las tomas de tierras y la
posterior represión por parte del ejército y las guardias “contrainsurgentes”
organizadas por los caciques. Esta nueva estrategia de acción directa estaba
dirigida por un comité central de siete ejidos, nacido al calor del Congreso
Indígena de Huitiupán. Para 1977, este comité central aglutinaba a 37 ejidos de
Huitiupán, El Bosque, Simojovel y Sabanilla, los que en los siguientes tres
años invadieron 19 fincas. Sobre el final de la década, el comité central
solicitó ayuda a la
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC) con el propósito de atender los reclamos de los trabajadores
asalariados de las fincas. En 1978, se creó en la zona del ingenio Pujiltic,
municipio de Venustiano Carranza, la
Unión de Ejidos 28 de Septiembre, la que requirió su
afiliación a esta central, expandiéndose así su área de influencia en la
región. La instalación de la
CIOAC en Chiapas trajo roces con la CNC , que intentó contrarrestar
las acciones de ésta organizando rompehuelgas e invadiendo tierras ya invadidas
por la CIOAC. A esta confrontación se
sumó la acción represiva del gobierno estatal, el que en apoyo del sindicato
oficialista, persiguió, encarceló y asesinó a dirigentes de la CIOAC. Para esta
organización independiente, la lucha en Chiapas reunía dos objetivos
principales, los derechos laborales y
los agrarios, y era llevada a cabo a través de una doble acción: una imperativa
negociación con la Secretaría
de la Reforma Agraria
y, simultáneamente, la toma de tierras. Los primeros logros de esta estrategia
habrían de esperar hasta 1987, cuando finalmente el gobierno autorizó la
titularización de 16 ejidos reclamados por la CIOAC.
Venustiano Carranza es el tercer lugar
donde surge en 1973 un movimiento independiente de lucha por la tierra en
Chiapas. Llamado “Movimiento de la
Casa del Pueblo”, por su lugar de reunión, canalizó las
frustraciones de los campesinos de esta región que demandaban tierras al
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). Su estrategia de lucha
incluyó la acción directa, y en 1974 tomaron las oficinas del DAAC en Tuxtla
Gutiérrez con el objeto de impulsar la puesta en práctica del decreto agrario
de 1965.[8] En 1975, fue asesinado el dirigente Bartolomé Martínez Villatoro, y el
ejército ocupó la Casa
del Pueblo donde se produjo un tiroteo que resultó en la muerte de comuneros y
soldados. El liderazgo del movimiento fue arrestado y la organización se
dividió entre quienes intentaron un acercamiento al gobierno y sus planes de
ayuda y quienes optaron por contrarrestar esta estrategia de “dividir para
reinar” creando alianzas entre campesinos aislados. Dirigentes de esta última
línea participaron en 1979 en el congreso donde se creó la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala (CNPA) en Milpa Alta, Distrito
Federal, quienes, con la ayuda de los catequistas católicos, se expandieron
dentro de Chiapas. En 1980, se unieron con ejidos y comunidades indígenas de
los municipios de Simojovel y Las Margaritas para formar la Coordinadora
Provisional de Chiapas (CPCH), la que en julio de 1982, pasó
a denominarse Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Esta habría de
convertirse en la mayor de las organizaciones independientes populares de
Chiapas, como así también en la más combativa.
Durante los ’80, la OCEZ , a diferencia de la CIOAC , se mantuvo
independiente de influencia política partidista alguna, y, contrariamente a la ARIC (Asociación Rural de
Interés Colectivo, fundada en Ocosingo en 1988), lejos de las agencias
gubernamentales, lo que a posteriori
habría de significarle una mayor afluencia de afiliados. Fiel a su política de
tejer alianzas mayores, en 1980 la
OCEZ se unió a la Coordinadora de Luchas de Chiapas (CLCH), una
instancia organizativa amplia que fue prontamente desbaratada por la represión
desatada contra ella. También tejió alianza con el Frente Nacional Democrático
Popular (FNDP), una organización sospechada por algunos miembros de la OCEZ de estar infiltrada por
el gobierno. En 1988, la agrupación se escinde en dos grupos como producto de
discrepancias internas (el cuestionamiento a la unión con el FNDP, entre
otras), con acusaciones cruzadas. Se supone que esta organización desarrolló en
1992 nuevos frentes en la Selva ,
los Altos y el norte de Chiapas bajo el nombre de Alianza Nacional Campesina
Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ). Para algunos especialistas OCEZ y
ANCIEZ son lo mismo con diferentes nombres.
Toma de tierras en el municipio de Suchiate, Chiapas, 2013 (foto elorbe.com). |
Otras organizaciones campesinas surgieron
en esta época. En 1975, por ejemplo, la Alianza Campesina
10 de Abril (fecha del asesinato de Emiliano Zapata) coordinó tomas de tierras
en los municipios de Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Villa Flores,
Venustiano Carranza, Socoltenango, Comalapa y Tzimil. Para inicios de 1982,
hizo su aparición la
Alianza Campesino Revolucionaria (ACR) y propició tomas de
tierras en la costa del Pacífico de Chiapas.
La intensa disputa por la tierra y las
consecuentes invasiones que de ella se derivaron, no fueron protagonizadas
exclusivamente por los campesinos. Un estudio realizado en los setenta en
Chiapas, concluyó que de 115 casos de disputas agrarias graves 87 habían sido
intrusiones de ganaderos en tierras comunales o ejidales.[9]
La lucha del movimiento campesino-indígena
y sus organizaciones de base, independientes y democráticas, contra la
situación imperante en el campo chiapaneco generó una dura respuesta desde el
poder. El encarcelamiento y/o asesinato de activistas sociales fueron recursos
comunes a los que echaron mano tanto el estado como los finqueros, con el
objeto de desarticular la creciente organización popular. Esta macabra tarea se
profundizará en la década siguiente a través de una creciente militarización
del estado y el control social de las comunidades indígenas.
3.- 1982-1993: ahogar al movimiento en sangre
Al conflicto por la tierra en Chiapas habrá
de sumarse en esta década larga, como una marca de época, el drama de los
refugiados guatemaltecos, la guerra revolucionaria en los países
centroamericanos (Guatemala y El Salvador) y la erupción del volcán Chichonal
(que obligó a reubicar a 14 mil indígenas zoques, muchos de ellos por la
fuerza), lo que impulsó al gobierno a llevar adelante un creciente proceso de
militarización del estado y nombrar como gobernador al general Absalón
Castellanos Domínguez (1982-1988). “Hacia 1987 –señala Thomas Benjamin-,
aproximadamente 4 mil soldados fueron
destinados a Chiapas. Las dos fuerzas policiales del estado, la Policía de Seguridad
Pública y la Policía Judicial ,
se pusieron bajo el mando de oficiales militares”.[10]
La vía represiva con la que se pretendía ahogar en sangre al movimiento
campesino-indígena independiente chiapaneco estaba en marcha.
A partir de mediados de 1982, comenzaron a llegar
a Chiapas oleadas de refugiados guatemaltecos, indígenas en su mayoría, que
huían de la campaña de “tierra arrasada” que llevaba adelante el gobierno
militar del general Efraín Ríos Montt en el noroeste del país vecino. En los
años siguientes estos refugiados se establecerán en noventa campos a lo largo
de la frontera con Guatemala, sumando para mediados de la década
aproximadamente 50 mil personas. El gobierno, así como entidades empresariales
mexicanas, temían que con los refugiados se infiltrasen las guerrillas
centroamericanas con el objeto de diseminar en la región la ideología
revolucionaria. Por tal motivo se tomaron una serie de medidas de seguridad que
incluyeron, entre otras, maniobras de contrainsurgencia por parte del ejército
mexicano en los municipios choles de Tila y Sabanilla, en la Selva y en la frontera con
Guatemala, y el traslado de aproximadamente 18 mil refugiados al estado de
Campeche.
Con el objeto de bajar la tensión y
desactivar posibles nuevos conflictos por la propiedad de la tierra, el
gobierno nacional creó en 1984 el Programa de Rehabilitación Agraria (PRA),
dándole prioridad a las zonas socialmente calientes de la Selva , Simojovel y
Venustiano Carranza. No obstante su objetivo declarado de ayudar a los pequeños
campesinos, los mayores beneficiarios del plan fueron los terratenientes y
algunos burócratas de la
Secretaría de la Reforma Agraria , quienes entre 1984 y 1987 se
fagocitaron la mayor parte del presupuesto destinado a este propósito.
Al tiempo que la crisis agraria se agravaba
y las movilizaciones campesino-indígenas aumentaban poniendo mayor presión a la
disputa por la tenencia de la tierra, el gobierno del general Absalón Castellanos ponía todos los recursos del estado
en pro de la protección de los propietarios privados contra las invasiones de
tierras y las expropiaciones por la reforma agraria. No obstante, las tomas de
tierras siguieron adelante. El panorama era el siguiente: en 1983 un grupo de
campesinos invadieron 128 fincas; en junio de 1985, la CIOAC anunció que afiliados
de su organización habían ocupado 109 grandes propiedades en diferentes
municipios del estado. Y no fueron las únicas.
Insertos en una dinámica de
acción-reacción, a las invasiones les siguieron las expulsiones, muchas
realizadas con suma violencia por tropas del ejército o la policía estatal.
Esta espiral de terror fue creciendo, mientras los muertos se apilaban
mayoritariamente de un solo lado. El hostigamiento a las organizaciones
campesinas e indígenas independientes se efectivizaba a través de la
persecución y el encarcelamiento de sus integrantes, o lisa y llanamente el
asesinato de los mismos. En 1987, la Academia Mexicana
de Derechos Humanos definió al gobierno del general Absalón Castellanos como el
más represivo del país.[11]
Durante el período 1988-94, el gobierno
central instituyó un programa nacional para las poblaciones en situación de
pobreza, denominado Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Este programa
proporcionaba fondos a los denominados Comités Locales de Solidaridad para la
puesta en ejecución de proyectos de desarrollo en los distintos estados de la
Unión. El gobernador de Chiapas manejó esos
fondos de manera arbitraria y corrupta, utilizándolos para recompensar a sus
aliados políticos locales mientras ignoraba a las comunidades y organizaciones
independientes. A comienzos de 1994, el propio Consejo Consultivo de
Solidaridad dio a conocer un estudio en el que destacaba que, con respecto a
Chiapas, en los “municipios más pobres de la entidad, que son justamente
algunos de los involucrados en el conflicto armado, la presencia de Solidaridad
en el combate a la pobreza extrema fue por demás exigua”.[12]
Entre 1991 y 1992, el presidente Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994) reformó el Artículo 27 de la Constitución
Nacional , con el objeto de cambiar el sistema ejidal de
tenencia de la tierra y abrirlo a la inversión privada. Esta innovación hería
de muerte a la reforma agraria, ya que negaba el derecho de los campesinos a
solicitar la redistribución de la tierra y permitía rentar o vender las
parcelas ejidales, las que, con toda seguridad, terminarían siendo absorbidas
por los terratenientes y/o por los bancos a través de la ejecución judicial de
los créditos caídos en mora, agravando aún más el problema. La respuesta fue
inmediata, miles de campesinos de distintas asociaciones se movilizaron en
Ocosingo en protesta por la reforma del Artículo 27 y demandaron el reparto de
tierras, la cancelación de las carteras vencidas y el respeto a su forma de
vida.
Como vimos, en la década de 1980 Chiapas
asistió a una escalada represiva sin precedentes, situación que no varió
sustancialmente en los tres primeros años de la década siguiente, y que junto a
las recurrentes crisis agrarias y económicas “crearon una grave crisis de
justicia”.[13] Ante este panorama, las
organizaciones de base del movimiento indígena chiapaneco se vieron enfrentadas
a una disyuntiva de hierro: explorar nuevas formas de lucha o resignarse a una
realidad de miseria y opresión. La respuesta a este dilema se la harán conocer
al país y al mundo el 1° de enero de 1994.
* Este artículo
fue escrito en febrero de 2015 y se publica aquí por primera vez.
[1] La
mayor parte de estos datos fueron tomados del documento del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), titulado “Chiapas: el Sureste en Dos Vientos,
Una Tormenta y Una Profecía”. Firmado por el subcomandante Marcos y fechado en
agosto de 1992, fue publicado por el diario La Jornada , México, el 27 de
enero de 1994.
[2]
Guevara, Alejandro: Perfil Socio-económico de Chiapas. En: De Lella, Cayetano y
Ezcurra, Ana (comp.): Chiapas, entre la Tormenta y la Profecía. Lugar
Editorial. Buenos Aires, 1994. Pág. 47.
[3] EZLN: mismo documento.
[4]
Duhalde Luis y Dratman, Enrique: Chiapas, la
Nueva Insurgencia. Ediciones del Pensamiento Nacional. Buenos
Aires, 1994. Pág. 107.
[5] Benjamin, Thomas: Chiapas, Tierra
Rica, Pueblo Pobre. Historia Política y Social. Editorial Grijalbo. México,
1995.
[6] Ibídem, pág. 257.
[7] Ibídem, pág. 258.
[8] Resolución del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), que reconocía las demandas de tierras de los indígenas de este municipio por aproximadamente 50.000 hectáreas.
[9] Benjamin, Thomas: ob. cit., pág. 260.
[10] Benjamin, Thomas: ob. cit., págs. 270 y 271.
[10] Benjamin, Thomas: ob. cit., págs. 270 y 271.
[11] En 1989, la CIOAC “informó que desde
diciembre de 1982 a 1988 (sexenio de Absalón Castellanos) se registraron 153
asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503
secuestrados y torturados” (Pólito, Elizabeth y González Esponda, Juan: Cronología.
Veinte Años de Conflictos en el Campo: 1974-1993. Chiapas N° 2. Ediciones Era.
México, 1996. Pág. 209).
[12] Díaz-Polanco, Héctor: La Rebelión Zapatista
y la Autonomía. Siglo
XXI Editores. México, 1997. Págs. 158 y 159.
[13] Benjamin, Thomas: ob. cit., págs. 275 y 276.
CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO:
FAVA, Jorge: 2015, “La lucha por la tierra en Chiapas (1972-1993). Antecedentes de la sublevación neozapatista”. Disponible en línea: <http://
larevolucionseminal.blogspot.com.ar/2015/02/la-lucha-por-la-tierra-en-chiapas.html>. [Fecha de la consulta: día/mes/año].
larevolucionseminal.blogspot.com.ar/2015/02/la-lucha-por-la-tierra-en-chiapas.html>. [Fecha de la consulta: día/mes/año].